Un grupo de 28 eurodiputados envía carta al Gobierno Nacional de Iván Duque
expresando preocupación frente a acciones de vigilancia y seguimientos ilegales efectuados por el Ejército Nacional, asesinatos de líderes y lideresas sociales y graves vulneraciones a los derechos humanos en Colombia

Lunes 8 de junio de 2020, por Diputados del parlamento europeo

En este marco, nos sumamos a los numerosos y explícitos mensajes de inquietud manifestados por relevantes personalidades colombianas pertenecientes a familias políticas diversas, y le trasladamos nuestra extrema preocupación por las recientes noticias relativas a la existencia de archivos de inteligencia, que serían el resultado de acciones de vigilancia y seguimientos aparentemente ilegales, efectuados por el Ejército Nacional de Colombia a, al menos, 130 personas.

Paz y Derechos Humanos | Defensores de derechos humanos | Persecución |

Estimado Señor Presidente Iván Duque,

Colombia, como la Unión Europea, está enfrentando los retos que nos impone la pandemia del Covid19. Dada la relación de cooperación existente entre ambas partes, hemos seguido de cerca la situación de derechos humanos y paz en el país.

En este marco, nos sumamos a los numerosos y explícitos mensajes de inquietud manifestados por relevantes personalidades colombianas pertenecientes a familias políticas diversas, y le trasladamos nuestra extrema preocupación por las recientes noticias relativas a la existencia de archivos de inteligencia, que serían el resultado de acciones de vigilancia y seguimientos aparentemente ilegales, efectuados por el Ejército Nacional de Colombia a, al menos, 130 personas. Entre ellas, se encuentran personas periodistas, investigadoras, abogadas y defensoras de derechos humanos, como por ejemplo integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, y también jueces y juezas de las altas cortes, miembros de su Gobierno y parlamentarios de partidos políticos de la oposición. Nos preocupa también, que otras organizaciones defensoras de derechos humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denuncian la existencia de otras bases de datos en los que se incluyen a otras personas que también están siendo objeto de inteligencia militar ilegal.

Estas noticias sumadas a otras que vieron la luz a lo largo de 2019 (como la existencia de directivas internas que ponen la población civil en riesgo ser víctima de nuevas ejecuciones extrajudiciales o del conflicto armado.), nos generan serias inquietudes con respecto las políticas de defensa y doctrinas militares que existen dentro de sectores de la Fuerza Pública. En nuestra opinión, estas actuaciones afectan gravemente el orden constitucional y democrático en el país y más en un contexto de altísima militarización de los territorios y en medio de una pandemia mundial. Nos sumamos en este sentido, al pronunciamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia que ha resaltado que la Inteligencia debe usarse para proteger los derechos humanos y no para su vulneración. Confiamos también señor Presidente, que Usted como máximo Comandante de la Fuerza Pública, tomará todas las acciones necesarias para esclarecer esta lamentable situación, sancionar a los máximos responsables de estos delitos y garantizar la no repetición de estos hechos.

Por otro lado, somos también conscientes de la situación que enfrentan las personas defensoras de derechos Humanos. Según el Programa Somos Defensores, entre enero y marzo de 2020 hubo 62 asesinatos de personas defensoras, y se ha alertado del incremento del riesgo de estas personas y sus familias debido a las –sin duda necesarias-medidas de confinamiento, ya que son más fácilmente ubicables por sus victimarios. Nos han llegado denuncias de ataques e incluso de dos masacres de familias de líderes sociales en el Cauca. Ante esto, nos preocupan las afirmaciones de las organizaciones de derechos humanos respecto a que la respuesta del Estado ha sido insuficiente y que en algunos casos incluso se les han disminuido las medidas de protección estatales. Y consideramos que declaraciones como las realizadas por la Ministra de Interior, equiparando asesinatos de personas defensoras con robos de celulares ponen en duda la intención del Gobierno de actuar de forma contundente para prevenir nuevos asesinatos.

Finalmente, tenemos entendido que la situación de conflicto armado persistente en los territorios sigue causando desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, masacres, presuntas Ejecuciones Extrajudiciales y violencia sexual. Es preocupante que las comunidades en zonas como el Chocó, Pacífico, el Cauca, el Bajo Cauca, el Sur de Córdoba y el Catatumbo, estén enfrentando las consecuencias de la violencia armada además de las dificultades por consecuencia de la crisis del Covid19. En este sentido, celebramos el cese al fuego anunciado por el Ejército de Liberación Nacional como un paso importante para desescalar la violencia en el país y para avanzar en el escenario de construcción de paz. En este marco, consideramos necesario que se tomen medidas adicionales para detener la violencia relacionada a los enfrentamientos con y entre otros grupos armados y, en particular, que se implementen las medidas recogidas en del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP, respecto al desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, como garantía para la protección de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en las zonas más afectadas por el conflicto y también de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y ex combatientes de las Farc-Ep. De hecho, respecto a las y los excombatientes de las Farc-EP, pensamos que es urgente que se tomen las medidas necesarias para evitar que siga aumentando el número de 190 asesinatos de ex combatientes desde la firma del Acuerdo de Paz.

Para nosotras y nosotros, la implementación de los acuerdos de Paz, es una prioridad en nuestra relación con Colombia y ante esto, nos sorprenden las declaraciones hechas por algunos gobernantes locales y voces desde el partido del actual Gobierno, que han solicitado reubicar recursos para la implementación del Acuerdo de Paz y destinarlos a medidas contra el Covid19. Desde el Parlamento Europeo nos preocupa que los fondos destinados para la Paz sean utilizados con otros fines.

En la construcción de paz, la apertura democrática y la actividad con garantías, de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de las y los líderes sociales y políticos, es más que nunca necesaria. Por este motivo las y los eurodiputados abajo firmantes, queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo colombiano en este momento de incertidumbre global, y llamar al gobierno colombiano a que todas las medidas de prevención contra la pandemia y sus acciones posteriores se lleven a cabo en el total respeto de los derechos humanos y de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de construcción de paz.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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